Las nuevas derechas y la contrarrevolución latinoamericana – Adrián Sotelo Valencia

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Los modernos golpes de Estado parlamentarios, legales o constitucionales en América Latina son el resultado de una conspiración sistemática, coherente, planeada y articulada por las derechas del continente con la acción contrainsurgente, abierta o velada, del gobierno de Estados Unidos.

El 22 de noviembre de 2015 el candidato de centro-derecha, Mauricio Macri, se alzó con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al derrotar por un estrecho margen al aspirante oficialista, Daniel Scioli, candidato del kirchnerismo. El 6 de diciembre de 2015se celebraron elecciones parlamentarias en Venezuela en todos los escaños de la Asamblea Nacional Unicameral, mediante votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional. Los diputados electos durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones por un período constitucional comprendido entre el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2021. En esta ocasión la derecha parlamentaria se adjudicó la mayoría en el Congreso con lo que le confirió un duro golpe al chavismo y al gobierno bolivariano y que ha utilizado para intentar constantemente desprestigiar al presidente, sabotear los planes gubernamentales y auspiciar por todos los medios la violencia, el desconcierto y el caos entre la población que, junto a la crisis económica, coadyuven, entre otras acciones, a promover y legitimar la intervención militar desde el exterior — por ejemplo por el paramilitarismo desde Colombia o por las tropas intervencionistas de Estados Unidos, ambas acciones, por lo pronto, dirigidas contra la República Bolivariana de Venezuela — en el marco una reedición y actualización de la Operación Cóndor diseñada por las dictaduras militares y el gobierno norteamericano en los años setenta y ochenta del siglo XX.1

El 21 de febrero de 2016, en Bolivia, el presidente Evo Morales perdió las elecciones en el referéndum y el Tribunal Supremo Electoral del país decretó el triunfo de la oposición lo que impediría realizar la reforma a la Constitución para que el presidente y su vicepresidente, Álvaro García Linera, pudieran ser nuevamente candidatos en 2019. Problemas con el alto mando militar en Ecuador y la investigación judicial en curso por presunta corrupción contra el ex-presidente Lula, así como la aprobación por el Senado el 6 de mayo del “Impeachment” contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil con el objeto de destituirla por haber incurrido en supuestos “crímenes de responsabilidad” y el 12 de mayo con la admisibilidad del juicio político y la separación por 180 días del cargo hasta la resolución definitiva por el Senado del país.

Estos son algunos acontecimientos que se esgrimen, y en muchas ocasiones maximizan, en los medios de comunicación para solventar la tesis del “fin” del ciclo de los gobiernos progresistas de América Latina que, adicionalmente, estaría cobrando fuerza con las negociaciones de los “acuerdos de paz” en Colombia entre la guerrilla y el gobierno, así como con el reciente establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos sobre lo cual giran diversas interpretaciones políticas.

Ciertamente que en función del análisis profundo y crítico este cúmulo de acontecimientos no se puede menospreciar e ignorar en la lógica de que “aquí no pasa nada” y que todo ello es sólo una coyuntura desfavorable, circunstancial, que “pronto pasará” y será revertida por el fracaso de las políticas de las derechas y las luchas sociales de los movimientos populares y de los trabajadores descontentos ante el nuevo orden neoliberal que se viene restituyendo e imponiendo prácticamente en toda América Latina con el concurso, abierto o velado, del gobierno norteamericano.

Después de más de tres lustros en que se constituyeron gobiernos de signo anti-neoliberal que pusieron en el centro de sus políticas económicas el despliegue de programas sociales de beneficio para las grandes mayorías de la población y de mejoramiento de la estructura de la distribución de los ingresos, hoy parece resurgir una nueva ola de procesos y de fuerzas políticas retrógradas que, enarbolando la “bandera del cambio y de la renovación”, se han dado a la tarea de restituir el viejo andamiaje de las políticas neoliberales puestas en marcha en el mundo en el curso de las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado.

Indagar las causas que provocaron esta situación, evidentemente desfavorable para las grandes masas populares, para los trabajadores y, en general, para la mayoría de la ciudadanía, es una tarea compleja que requiere hacer algunos comentarios que contextualicen este proceso, con el objeto de valorar su permanencia y continuidad, así como las posibles alternativas que pudieran existir para superarla.

Una primera problemática manifiesta de los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos consiste en una profunda contradicción entre sus propuestas de impulsar cambios favorables para las grandes mayorías sociales la vigencia del sistema capitalista y sus patrones de reproducción sustentados en las categorías sustanciales de dicho sistema como son la existencia de la propiedad privada de los medios de producción, de la tierra, de los productos de consumo, así como la realidad de la explotación ejercida por la clase dominante y el capital para obtener de sus trabajadores valor y plusvalía que les reditúe ganancias que favorezcan sus intereses de clase y, por supuesto, los reproduzcan.

Obviamente que, a diferencia de países como México, Perú o Colombia cuyos gobiernos y Estados son francamente neoliberales y están comandados por las grandes empresas trasnacionales, el gran capital internacional y la lógica de los intereses geopolíticos y estratégicos del Estado norteamericano, en los países denominados progresistas, aunque con diferencias, aquella contradicción choca de frente — y se mantiene en permanente tensión — con las políticas públicas que implementan los gobiernos relativamente favorables para las mayorías de la población históricamente excluidas de los beneficios del desarrollo así como con las políticas neoliberales que fueron vigentes antes de su constitución, es decir, desde la década de los ochenta del siglo anterior. De tal suerte que, mientras que por un lado se despliegan programas de mejora en la distribución del ingreso, por ejemplo, a través de aumentos salariales y de programas sociales en el área de vivienda, educación, alimentaria o de salud, por otro lado, se consiente el derecho de las clases dominantes de usufructuar porciones importantes de la plusvalía social generada por los trabajadores y, en general, por las clases productoras de la riqueza.

Evidentemente que no podemos encuadrar bajo el epíteto de “gobiernos progresistas” a todas las experiencias vigentes hoy en día en América Latina desde Argentina, Brasil y Uruguay, pasando por Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua hasta alcanzar a Él Salvador. Las diferencias son histórico-sociales, territoriales, culturales, demográficas y de tradiciones de lucha popular; corresponden también a la peculiaridad de las luchas de clase internas, así como a la relación que se establece entre Estado, gobierno y movimientos populares y revolucionarios que naturalmente reivindican sus demandas y sus intereses de clase tanto frente al Estado, como al capital y, en general, frente a las clases dominantes en cada situación y coyuntura política.

La crisis, en el fondo, deriva del hecho de que, frente a esta situación de tolerancia por parte de las fuerzas, proyectos y partidos políticos que constituyen el engranaje de las llamadas fuerzas progresistas hacia los intereses del capital y de las derechas interactuantes en la sociedad y en la política de dichas sociedades, estas últimas fuerzas han sabido asimilar perfectamente bien esta realidad que no amenaza su existencia, aun bajo la radicalidad de gobiernos aparentemente más decididos a impulsar el “socialismo del Siglo XXI”, como es nítidamente el caso del gobierno bolivariano de Venezuela encabezado por el presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

En alguna ocasión el intelectual brasileño Ruy Mauro Marini escribió que el reformismo era la antesala de la contrarrevolución debido a que se atrevía a sacudir los cimientos de la sociedad burguesa, sin embargo, sin destruirla y superarla, por lo que preservaba lo substancial de sus atributos y contradicciones. Evidentemente que el autor en ese momento se confrontaba con las tesis e ideologías de los partidos comunistas y socialistas que promovían la “vía pacífica al socialismo” y la transición a través preferentemente de elecciones parlamentarias. Se sabe, sin embargo, que ésto no fue posible y el golpe de Estado perpetrado por los militares chilenos en septiembre de 1973 se encargó de demostrarlo.

Algo similar está ocurriendo hoy en día — aun — en el nuevo escenario donde los protagonistas evidentemente han cambiado desde que esas afirmaciones fueron hechas en la década de los setenta del siglo pasado. Ninguna de las experiencias de los gobiernos progresistas en curso ha concluido en la instauración del socialismo en tanto modo de producción, de vida y de trabajo, o de cualquier otra forma anticapitalista, como tampoco ha dado pasos firmes en esa dirección. Esos gobiernos han capturado el poder del Estado, que, sin embargo, permanece capitalista y neoliberal, con sus instituciones intactas, tales como los medios de comunicación, los sistemas judiciales, las constituciones políticas, las configuraciones territoriales, el derecho, las leyes y la jurisprudencia que, en substancia, contemplan y mantienen los intereses de la sociedad capitalista y, más aún, de la sociedad dependiente que, en rigor, lo sigue siendo en función de la economía internacional y de los grandes poderes hegemónicos y políticos del capitalismo y del imperialismo dominantes.

Desde el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de Venezuela en diciembre de 1998 se dio una continuidad que inauguró lo que podemos denominar proceso rupturista post-neoliberal — que en realidad debería ser la primera era progresista en América Latina después de la imposición del neoliberalismo ortodoxo a partir de la década de los ochenta del siglo pasado — que continuó con el gobierno de Néstor Kirchner en 2003 y de Lula en Brasil en este mismo año; de Tabaré Vázquez (2005) y José Mujica (2010) en Uruguay; de Evo Morales y el MAS en Bolivia (diciembre de 2005); de Rafael Correa (15 de enero de 2007 ) en Ecuador y de posteriores experiencias como la de El Salvador bajo el gobierno de Mauricio Funes en 2009 y de Salvador Sánchez Cerén en 2014, ambos del FMLN, entre otros. Gobiernos que, en el espectro político, se caracterizan por su carácter de “centro-izquierda” y que se desempeñan dentro del paradigma del capitalismo dependiente y subdesarrollado, con un despliegue de políticas neodesarrollistas de marcado carácter nacional y popular que los diferencia ciertamente de los gobiernos francamente neoliberales y de la derecha ortodoxa y heterodoxa a la luz de su estrecha ligazón con movimientos indígenas, de campesinos, de trabajadores, estudiantiles e incluso de las clases medias. Sin embargo, no descartan hacer alianzas políticas de colaboración de clases con las oligarquías y el capital privado nacional y extranjero y, aún, con las empresas trasnacionales, pero quizás con un mayor control del que resulta del dominio espacio-temporal del paradigma neoliberal que deja completamente el proceso económico al “libre” juego de las fuerzas del mercado y reduce al Estado a desempeñarse como un simple garante y ejecutor de esas políticas antipopulares y pro-imperialistas tan caras a nuestros pueblos y a las clases trabajadoras de la región.

Lo importante a destacar dentro de este contexto histórico y político es el hecho de que todos esos gobiernos que se han popularizado como progresistas, anti neoliberales o post neoliberales no pudieron romper, no lo hicieron, ni lo han hecho hasta la fecha por diversas razones con los modos de producción capitalistas ni con las relaciones sociales que les corresponden, así como con las clases antagónicas y pro imperialistas que hoy disputan el poder político del Estado y que de alguna manera lo vienen logrando, como en Venezuela, donde la oposición conquistó la mayoría en el parlamento; en Argentina, donde la coalición de la derecha encabezada por el actual presidente Mauricio Macri triunfó en las elecciones presidenciales y, recientemente, en Brasil mediante el golpe de Estado parlamentario y “legal” perpetrado por las fuerzas de la derecha conducidas por los partidos dominantes tradicionales del PMDB y el PSDB contra el gobierno constitucional y legítimo de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT). Pero no hay que olvidar, a éste respecto, que el PMDB, partido de Cardoso y de Temer, constituyó la base de la alianza que llevó al poder al PT y de donde emanó, al decir de Francisco de Oliveira, la formación de una nueva fracción burguesa durante los gobiernos de Lula-PT que no hizo más que compartir el poder y entrar al reparto de la plusvalía y de la riqueza entre los connotados miembros del gobierno y de los partidos políticos.2
Los modernos golpes de Estado y sus diferencias con los del pasado
Conviene detenernos por un momento en el significado contemporáneo del golpe de Estado que se viene implementando en los últimos años en América Latina contra los llamados gobiernos progresistas.

En primer lugar debemos señalar que en la historia política latinoamericana el golpe de Estado constituye la culminación de un proceso contrarrevolucionario en contra de los movimientos de masas y de las fuerzas revolucionarias que luchan por conquistar el poder.

De acuerdo con Marini, las dictaduras militares que afloraron en América latina en el curso de las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado se caracterizaron por tres vertientes:

a) La configuración de la doctrina de contrainsurgencia bajo el gobierno norteamericano de John F. Kennedy, caracterizada por un enfrentamiento global contra los movimientos revolucionarios desplegada en tres planos: el aniquilamiento, la conquista de las bases sociales y la institucionalización mediante la cristalización en el Estado de contrainsurgencia.

b) La segunda vertiente consiste en la modificación del bloque dominante de poder que consiste, siempre según Marini, en la integración imperialista de los sistemas productivos básicamente al sistema productivo y al ciclo económico norteamericano que se solda mediante las inversiones directas del capital extranjero, la dependencia tecnológica y financiera particularmente en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuestión que genera una burguesía dependiente de carácter monopólica ligada a la burguesía imperialista y, especialmente, en ese período, a la norteamericana.

c) Por último, la tercera vertiente — o causa — de la contrarrevolución latinoamericana consiste en el ascenso de los movimientos de masas y revolucionarios en el curso de los años sesenta.

Estas tres vertientes se resuelven en el establecimiento de un Estado de contrainsurgencia que prácticamente se va a proyectar hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado con el advenimiento de los llamados procesos de democratización que solventarán el arribo de gobiernos civiles, constitucionalistas y parlamentarios que prevalecen hasta nuestros días. Es decir, tenemos un a) inicio del proceso contrarrevolucionario caracterizado por la desestabilización de los sistemas políticos, b) que continúa en el golpe de Estado y c) se resuelve con la instalación de la dictadura militar. De esta forma, al decir de Marini,

“El Estado de contrainsurgencia es el Estado corporativo de la burguesía monopólica y las Fuerzas Armadas, independientemente de la forma que asuma ese Estado, es decir, independientemente del régimen político vigente. Dicho Estado presenta similitudes formales con el Estado fascista, así como con otros tipos de Estado capitalista, pero su especificidad está en su peculiar esencia corporativa y en la estructura y funcionamiento que de allí se generan“.3
El posterior arribo de la democracia parlamentaria o de la institucionalización de las “democracias restringidas”, “gobernables” y “viables” en América Latina será la característica que comenzó a operar a partir de mediados de la década de los setenta del siglo pasado con el gobierno de James Carter en Estados Unidos, y que se generalizará en el curso de los ochenta y noventa hasta la actualidad, en torno del cual se van a desarrollar los primeros gobierno civiles del período de la post-dictadura.

Al respecto, dice Marini:

“La preocupación norteamericana — que, por lo demás, trascendía a América Latina para extenderse a los mismos países avanzados — se traducía en la búsqueda de principios y mecanismos que proporcionaran gobernabilidad a las democracias, según la fórmula de uno de los ideólogos en boga, Samuel Huntington. En la versión que le dio el Departamento de Estado, el concepto de ‘democracia gobernable’ dio lugar a la consigna de ‘democracia viable’, entendida como un régimen de corte democrático-representativo tutelado por las Fuerzas Armadas. Observemos que ese modelo no constituía una verdadera ruptura con la doctrina de la contrainsurgencia, la cual establecía que, tras las fases de aniquilamiento del enemigo interno y de reconquista de bases sociales por las Fuerzas Armadas, debería seguirse una tercera fase, destinada a la reconstrucción democrática”.4
Golpes blandos, golpes parlamentarios o jurídico-institucionales
Esta “reconstrucción democrática”, aunada a la política de los “derechos humanos”, promovida por el Departamento de Estado desde la época de James Carter, constituía en la práctica una camisa de fuerza para impedir, por un lado, la reemergencia de las dictaduras militares y, por el otro, la radicalización de las masas y del proceso revolucionario que condujeran a la conquista del socialismo y del comunismo. De alguna manera este último objetivo de contención se logró en los países progresistas si lo vemos desde la perspectiva que, si bien se cumplieron algunas tareas democráticas y de justicia social, por otro lado, se impidió la radicalización de los procesos revolucionarios que planteaban una salida antiimperialista y anticapitalista al socialismo. En este sentido el caso más ilustrativo en la actualidad es el de los acuerdos de Paz que se están negociando en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno neoliberal colombiano encabezado por el presidente Santos. Al dejar las armas evidentemente los ex-guerrilleros se incorporarán a la vida civil y política del país dejando intacto el sistema capitalista dependiente y sus bases de reproducción y de valorización del capital, amén de sopesar en el futuro cómo quedará el problema del paramilitarismo tan activo en la sociedad colombiana.

Bajo este marco, la primera diferencia de los actuales golpes de Estado, suaves, institucionales o también denominados parlamentarios, respecto a los del pasado perpetrados por los militares y la oficialidad castrense, deriva del hecho de las prácticas políticas por parte de los gobiernos y los movimientos populares porque rebasan los marcos impuestos por las democracias gobernables, restringidas y viales diseñadas por Washington.

Una segunda diferencia hoy en día respecto a los golpes e intentos de golpe de Estado en América Latina, radica en que se producen en pleno proceso de prevalencia de las democracias parlamentarias y donde no se hace necesaria — por lo menos hasta ahora como mostraron los casos del derrocamiento de los presidentes Manuel Celaya en Honduras en junio de 2009 y de Fernando Lugo en el Paraguay mediante juicio político en junio de 2012 — la intervención directa de las fuerzas armadas, sino que la derecha y la burguesía echan mano de la misma institucionalidad burguesa (elecciones, sistemas judiciales, decretos presidenciales, promulgación de leyes como la de la amnistía para liberar de las cárceles a los políticos presos, o el uso de la “revocación del mandato” en Venezuela reclamada por la oposición de la derecha y ultraderecha atrincherada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aunada al uso de la violencia (como las guarimbas venezolanas) en el contexto de un extendido proceso de guerra económica, psicológica, financiera, de desprestigio de los presidentes y sus gobiernos que encabezan, así como del uso masivo y extendido de los medios de comunicación y de las redes sociales para introyectar en la opinión pública nacional e internacional la conciencia de la “necesidad del cambio” y de los beneficios que acarrearía el arribo de nuevos gobiernos que, siendo esencialmente neoliberales como hoy en Argentina y en Brasil, se presentan ante la sociedad como portadores del cambio, de la democracia y de la defensoría de los derechos humanos, por lo que “podrían superar” — sin indicar cómo y mediante qué mecanismos y procedimientos — la “tragedia” y la “crisis” en que los gobiernos progresistas supuestamente habrían sumido a sus pueblos. Toda una cantinela que, desafortunadamente, prende en algunos sectores de las masas populares y de las clases medias que terminan por adherirse al discurso ideológico de la derecha y a sus promesas de cambio y bienestar social, que, obviamente, nunca se concretan cuando, en su lugar, se imponen las fulminantes políticas y reformas neoliberales como en la Argentina de Macri y seguramente en el Brasil de Temer y del tucanato.

La tercera diferencia que observamos, respecto a los tradicionales golpes del pasado, es que el inicio del proceso contrarrevolucionario promovido por la derecha y la ultraderecha latinoamericana en el contorno de la crisis estructural del capitalismo y de sus patrones de reproducción sustentados en el extractivismo y en los intereses del agronegocio, marca la pauta para que las derechas desencadenen toda una campaña de desprestigio e incriminación de los gobiernos progresistas como responsables únicos y directos de dicha crisis económica y social, así como en la imposibilidad de resolver las grandes carencias de la población en materia de salud, alimentación, suministro de víveres, educación y seguridad social. Para ello cuentan ampliamente con las cadenas nacionales e internacionales de los medios de comunicación imperialistas y dominantes, así como con las redes sociales que están completamente adheridos a sus acciones y estrategias contrainsurgentes y violentas.

Asimismo, una cuarta diferencia consiste en el hecho de que, en vez de que el proceso contrarrevolucionario continúe en el golpe de Estado con la intervención y presencia de las fuerzas armadas, reviste, como dijimos, un carácter parlamentario que simula la esencia golpista de las acciones contrarrevolucionarias perpetradas por la derecha. Por último, en vez de que el golpe culmine con la clásica dictadura militar como la que se estableció luego del golpe de Estado en Brasil en 1964 o en Chile en 1973, el proceso se resuelve con el establecimiento de un gobierno de carácter civil, profundamente reaccionario, neoliberal, conservador articulado y coordinado con las prácticas contrainsurgentes y geopolíticas del imperialismo norteamericano. Por último, y lo que desde cierta perspectiva sociológica y política asemeja los actuales golpes parlamentarios en curso con el fascismo, es que aquéllos se revisten de un cierto contenido popular, democrático, que le confieren algunos sectores de la población y, de manera sintomática, las clases medias a las derechas y a los gobiernos golpistas, como se observa ejemplarmente en el caso de Argentina y, también, en el reciente de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

A diferencia del control de los aparatos del Estado por los militares, en los gobiernos civiles neoliberales la gestión la realizan directamente los miembros de las derechas y de la lumpenburguesía dependiente (industriales, agronegocios, especuladores, exportadores o grandes comerciantes) para promover y reproducir tanto sus intereses de clase o de fracción de clase como los del gran capital nacional y extranjero y los de los empresarios transnacionales.

Democracia y socialismo: dos caras de un mismo proceso
El problema fundamental que ha orillado la crisis capitalista y del sistema de dominación que no ha dejado intocados a los gobiernos progresistas, es la visible concepción de éstos, de sus partidos y dirigentes, del carácter etapista que deben asumir los cambios y procesos estructurales e institucionales que deberían conducir al Socialismo del siglo XXI que no peca de una ambigüedad conceptual en relación con sus contenidos conceptuales y categoriales resumidos en el hecho de si se trata verdaderamente de un cambio del modo de producción capitalista a otro socialista y anticapitalista o, bien, de una variante de capitalismo (dependiente) como pudieran ser el “capitalismo andino-amazónico” boliviano, la “revolución ciudadana” de Ecuador o el de los 14 motores de la revolución bolivariana en curso que no dicen más respecto a la abolición de la propiedad privada, de la explotación y de las mismas clases sociales. He aquí la ambigüedad, también, de la palabra “progresismo” que diluye la discusión del significado que, en la actualidad, tienen los conceptos de “izquierda y derecha”; revolución y cambio social; capitalismo, socialismo y democracia. En este sentido Marini apunta que si bien la fase de democratización ocurre ante la crisis del sistema económico y de las prerrogativas autoritarias del Estado de contrainsurgencia — que, por cierto, no erradica los atributos esenciales del Estado capitalista que el autor denomina Estado del Cuarto Poder correspondiente a esta nueva etapa de la historia política latinoamericana — dicha etapa, sin embargo, no podrá extenderse de manera indefinida desde la perspectiva de los trabajadores y de los pueblos oprimidos.

De este modo,

“… No hay ninguna razón para suponer que la lucha democrática que libran hoy las masas populares latinoamericanas puede extenderse indefinidamente, permitiendo que, a cierta altura, se produzca el paso natural y pacífico al socialismo. Todo indica más bien que la lucha democrática y la lucha socialista se interesarán para los trabajadores en un solo proceso, un proceso de duro y decidido enfrentamiento con la burguesía y el imperialismo”.5

En realidad se impuso una estrategia, que adoptaron las fuerzas de la izquierda y los gobiernos progresistas en América Latina, consistente en reducir todo el proceso de lucha y de cambios en el ámbito de la llamada democracia para, en una siguiente etapa y de acuerdo con las condiciones políticas y de la coyuntura, pasar a implementar el socialismo sin definir con exactitud sus contenidos y características. Aclaremos: no todos los representantes de los gobiernos progresistas se inclinaron por el llamado socialismo del siglo XXI, de manera fehaciente lo hizo Hugo Chávez y el actual mandatario venezolano. En Brasil el PT y sus voceros nunca se pronunciaron en esta dirección y, más bien, siguieron una línea de colaboración de clases y de lucha social cimentada en los contornos del capitalismo y de los intereses del gran capital nacional y extranjero, pero impulsando una suerte de políticas neodesarrollistas cuyo agotamiento, por cierto, es una de las causas de que la derecha haya implementado el impeachment contra la presidenta Rousseff y su partido, en virtud de que ya no le son útiles para mantener el orden en el país entre otras cosas aprovechando el clima de desprestigio desfavorable a la presidenta y a su gobierno en gran medida promovido por los medios de comunicación no solamente antagónicos sino activos promotores del golpe de Estado y del cambio para reinstaurar el neoliberalismo en el país.

Los demás gobiernos siguieron por la misma senda sin pronunciarse explícitamente por la consecución del sistema socialista, sino proclamando políticas sociales y económicas orientadas a combatir, pero no a erradicar, la pobreza, el desempleo y la inflación. En su lugar, se impulsaron reformas constitucionales que en el ámbito mismo del Estado capitalista en algunos aspectos ciertamente favorables para el interés nacional y popular, pero sin atentar contra los cimientos que constituyen el capitalismo y las sociedades burguesas: la propiedad privada de los medios de producción y de la tierra, el derecho del capital a explotar, y apropiarse, el trabajo asalariado; la manutención de las estructuras de clases sociales antagónicas y, en general, la inserción de esos países dependientes y subordinados a la economía capitalista mundial, la cual impone sus intereses, en particular, de sus transnacionales mediante la dependencia tecnológica, comercial y financiera.

El no haber adoptado desde un principio la lucha por el socialismo simultáneamente con la democracia, particularmente en el periodo más favorable para las economías latinoamericanas y, en particular, la de los gobiernos progresistas que fue el del fuerte aumento de los precios de las materias primas, de los alimentos y lo energéticos, dado que la mayor parte de esos países mantienen economías de naturaleza primario-exportadora, fue lo que desencadenó un impasse que terminó por favorecer a las derechas y ultraderechas del continente, particularmente, en la actual coyuntura internacional y latinoamericana de caída de los precios de los productos de exportación, incluyendo los energéticos. Situación trágicamente visible en Venezuela donde el imperialismo y la oposición al gobierno atrincherada en la Asamblea Nacional vienen implementando la violencia y una sistemática campaña de ataques al gobierno constitucional del presidente Maduro para revocarlo del mandato presidencial; el desprestigio mediante el uso masivo de los medios de comunicación impresos y electrónicos, así como de las redes sociales, y la negativa permanente a aprobar los proyectos gubernamentales encaminados a superar la profunda crisis económica y de escasez que experimenta esa nación sudamericana.

El proyecto geopolítico y estratégico del imperialismo norteamericano en América latina, articulado con la acción contrainsurgente de las clases dominantes y de la derecha en la región, ha obtenido logros fundamentales que muy difícilmente podrán ser revertidos en Argentina, en Venezuela y Brasil, y ya se preparan golpes fuertes contra Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador.

Notas
1 Al respecto véase el artículo de Ángel Guerra Cabrera, “Preparativos de intervención militar en Venezuela “, en La jornada on line, http://www.jornada.unam.mx/2016/05/19/opinion/025a1mun , 19 de mayo de 2016.

2 Vése: Francisco de Oliveira, Crítica à razão dualista/O ornitorrinco, São Paulo, Boitempo, 2003, p. 146 y 147.

3 Ruy Mauro Marini, “La cuestión del fascismo en América Latina”,Revista Cuadernos políticos no. 18, octubre-diciembre de 1978, p. 25.

4 Ruy Mauro Marini, “La lucha por la democracia en América Latina”, Cuadernos Políticos número 44, Ediciones Era, México, julio-diciembre de 1985, pp. 3-11. Disponible en: http://www.marini-escritos.unam.mx/018_democracia_es.htm.

5 Ruy Mauro Marini, “La cuestión del fascismo en América Latina”, Ibid., pp. 28-29.

Adrián Sotelo Valencia, Sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS-UNAM.