Los Amos del Universo – Noam Chomsky

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28 de abril de 1993


A través de la historia según Adam Smith encontramos la materialización del “vil principio” de los amos del universo: “Todo para nosotros, nada para los demás”. Smith tenía escasas esperanzas en las consecuencias. “La mano invisible”, escribió, “acabará con la posibilidad de una existencia humana decente, a no ser que el Gobierno tome medidas para evitarlo”, como según él debe hacerse en “toda sociedad desarrollada y civilizada”. Destruirá la comunidad, el entomoy en general los valores humanos, e incluso a los propios amos, motivo por el cual la clase empresarial con frecuencia ha realizado llamamientos a la intervención estatal con el fin de protegerse de las fuerzas del mercado.En la época de Smith, los amos del universo eran “comerciantes y fabricantes, principales artífices” de la política estatal, mediante su poder para infligir “horribles infortunios” sobre los vastos imperios por ellos subyugados y, además, para perjudicar al pueblo de Inglaterra, aun atendiendo a sus propios intereses “de manera muy particular”. Hoy día, los amos son cada vez más las corporaciones supranacionales y las instibiciones financieras que dominan la economía mundial, incluido el comercio internacional, término de dudosa aplicación para denominar un sistema en el que el 40% del comercio de Estados Unidos se realiza entre compañías dirigidas de forma centralizada por las mismas manos visibles que controlan la planificación, la producción y la inversión.

El Banco Mundial ha hecho saber que las medidas proteccionistas establecidas por los países industrializados logran reducir el producto interior de los países del Sur en una cantidad equivalente al doble de las ayudas al desarrollo recibidas; ayudas que en su mayor parte se dirigen a la promeción de las exportaciones, y en gran medida a los sectores más ricos (menos necesitados, pero, eso sí, mejores consumidores). En la última década, la mayor parte de los países ricos acentuaron sus medidas proteccionistas, a menudo encabezados por seguidores de las políticas de Reagan en una cruzada contra el liberalismo económico. Desde 1960, este tipo de acciones, unidas a los programas impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, han ayudado a duplicar el abismo que separa a los países ricos de los pobres. Las transferencias de recursos de pobres a ricos ascendieron a más de 400.000 millones de dólares entre 1982 y 1990, “hoy, el equivalente en dó lares a unos seis planes Marshall de los países meridionales a los septentrionales”, indica Susan George, del Transnational Institute de Amsterdam, quien también afirma que la banca comercial quedó protegida por la transferencia del riesgo de morosidad al sector público. Tal y como sucedió con las cajas de ahorro de Estados Unidos y la industria más puntera, “el capitalismo del libre mercado no debe entrañar riesgo alguno para los amos”.
La guerra internacional de clases quedó reflejada en Estados Unidos, donde los ingresos en términos reales han caído al mismo nivel que en los años sesenta. El estancamiento salarial que alcanzó incluso a los licenciados universitarios, descendió violentamente a mediados de los ochenta, en parte debido a la reducción del gasto en defensa, eufemismo utilizado para describir la política industrial gubernamental que permite que la empresa privada “se arrime al abrevadero público”. Más de 17 millones de trabajadores se encontraban sin empleo o con empleos por debajo de su capacidad a mediados de 1992, según Lawrence Mishel y Jared Bernstein, del Economic Policy Institute, es decir, se produjo un incremento de ocho millones durante la Administración Bush. Aproximadamente un 75% de éstos se traduce en pérdida total de empleo. De la escasa riqueza creada en la década de los ochenta, “un 70% fue a parar al 1% más rico de la población, mientras que los de menor poder adquisitivo sufrieron una pérdida en términos absolutos”, según Rudler Dombusch, economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Las estructuras gubemamentales han mostrado una tendencia a aglutinarse en tomo a los poderes económicos. El proceso sigue en marcha. En un artículo del Financial Times, de Londres, James Morgan describe al “Gobierno mundial de facto “: el FMI y Banco Mundial, el Grupo de los Siete países más industrializados (G-7), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y demás organismos diseñados para servir los intereses de las multinacionales y las entidades financieras.

Una importante característica de estas instituciones es su inmunidad frente a la influencia popular. La hostilidad de la élite ante la democracia está comprensiblemente muy arraigada, aunque ha existido un amplio espectro de opiniones. En el extremo progresista, Walter Lippman argumentaba que “al público hay que ponerlo en su sitio” para que los “hombres responsables” puedan gobernar sin la interferencia de las “personas ajenas, ignorantes y entrometidas” cuyo papel se limita al de meros “espectadores interesados por la acción” que, de cuando en cuando, votan a miembros de la clase dirigente en las elecciones para, acto seguido, volver a sus quehaceres particulares. Los reaccionarios, que apoyan al Estado, denominados “conservadores”, normalmente escogen una línea más dura, rechazando incluso el papel de espectadores. De ahí el atractivo que para los seguidores de Reagan hay en las operaciones clandestinas, la censura y demás medidas cuya finalidad es garantizar que un Estado, poderoso e intervencionista, no se vea inquietado por el populacho. La nueva era imperial marca un cambio de rumbo hacia los fines reaccionarios más antidemocráticos del espectro.

La Zona de Libre Comercio del Atlántico Norte (NAFTA) y el GATT deben entenderse como parte de este contexto. En primer lugar, cabe destacar que dichos acuerdos poco tienen que ver con el libre comercio. Uno de los principales objetivos de Estados Unidos es aumentar la protección de la propiedad intelectual, incluidos los paquetes de software, las patentes de semillas y fármacos, etcétera. La Comisión Estadounidense para el Comercio Internacional estima que las empresas de su país obtendrán un beneficio de los países del Tercer Mundo de unos 61.000 millones de dólares anuales si en el GATT se satisfacen las exigencias proteccionistas de Estados Unidos -tal como sucede en la NAFTA- a un precio para el Sur que impedirá el crecimiento del enorme flujo actual de capital de Sur a Norte como servicio de la deuda. Dichas medidas están diseñadas con el propósito de asegurar que las multinacionales estadounidenses controlen la tecnología del futuro, incluida la biotecnología, de la que se espera permita a la empresa privada protegida controlar la sanidad, la agricultura y, en general, los m’edios de vida, condenando a la mayoría más necesitada a la dependencia y la desesperanza.

Los mismos métodos se están empleando para socavar el sistema sanitario tan condenadamente eficiente que existe en Canadá, imponiendo barreras al uso de fármacos sin marca (genéricos), con el consiguiente aumento de los costes y reducción de los beneficios percibidos por las compañías estadounidenses subvencionadas por el Estado. La NAFTA incluye también unos complejos requisitos sobre la normativa de origen de los productos, diseñados con el fin de excluir a los competidores extranjeros. Doscientas páginas destinadas a normas para asegurar que un elevado porcentaje del valor añadido sea de procedencia norteamericana (según algunos detractores de la NAFTA en Estados Unidos, tales medidas proteccionistas deberían ser incrementadas). Además, los acuerdos van mucho más allá del simple comercio (que en gran parte no es propiamente comercio, sino transferencias entre compañías, como ya he apuntado). Uno de los principales objetivos de Estados Unidos consiste en liberalizar los servicios, lo que permitiría a los bancos supranacionales desbancar a sus competidores locales, eliminando así cualquier amenaza de planificación económica nacional y de desarrollo independiente. Los acuerdos imponen una mezcla de liberalización y protección diseñada para mantener la riqueza y el poder firmemente en manos de los amos de la nueva era imperial.

La NAFTA es un acuerdo ejecutivo, firmado el 12 de agosto de 1992, justo a tiempo de convertirse en sólido argumento de campaña presidencial estadounidense, pero que apenas fue mencionado. Un ejemplo de como se excluyó el posible debate fue el caso del Comité Consultivo Laboral (LAC), creado en virtud de la Ley de Comercio de 1974 para asesorar al Ejecutivo sobre cualquier acuerdo comercial. Se advirtió al LAC, cuya base la conforman los sindicatos, que su informe sobre la NAFTA debería entregarse el 9 de septiembre. El texto de tan complejo tratado fue facilitado un día antes. En su informe, el LAC observa que “la Administración se negó a aceptar cualquier tipo de asesoramiento externo sobre la elaboración del documento y asimismo se negó a facilitar un borrador para ser comentado”. La situación era parecida tanto en Canadá como en México. Los hechos ni siquiera se detallan. Así nos acercamos al tan anhelado ideal: procedimientos democráticos formales, carentes de significado real, mientras que los ciudadanos no sólo no se entrometen en la vida pública, sino que apenas tienen idea de las políticas que van a configurar sus vidas.

Es fácil entender la necesidad de mantener al público en su sitio. Aunque la poca cobertura ofrecida por la prensa está abrumadoramente a favor del acuerdo NAFTA en su forma actual, el público (el 60% puede opinar) se opone en un promedio de dos a uno. Aparte de alguna retórica exigua y de unas pocas intervenciones de Ross Perot, el hecho no tuvo relevancia alguna durante la campaña presidencial, como tampoco la tuvo la reforma sanitaria ni otros muchos asuntos sobre los cuales la opinión pública permanece, en gran medida, ajena al espectro de opciones tomadas en consideración por los hombres responsables.
El LAC concluyó que el tratado constituiría una bonanza para los inversores, pero que perjudicaría a los trabajadores estadounidenses y, probablemente, también a los mexicanos. Una consecuencia previsible es el aumento de la migración de las zonas rurales a las urbanas, debido al daño que la gran industria agrícola norteamericana ocasionará a los agricultores de maíz mexicanos, provocando una bajada todavía mayor de los jornales, que ya habían sufrido una fuerte caída en los últimos años y que, a todas luces, seguirán siendo bajos gracias a la dura represión, que es uno de los principales elementos del tan preconizado milagro económico mexicano. La renta percibida por la clase obrera descendió desde un 36% del total, en la década de los setenta, hasta un 23% en 1992, según el economista David Barkin, mientras que menos de 8.000 titulares de cuentas (de las cuales 1.500 pertenecen a extranjeros) controlan más del 94% de las acciones en manos públicas.

Los derechos de la propiedad están salvaguardados por el acuerdo NAFTA, según indican, entre otros, los analistas del LAC, mientras que se ignoran los derechos de los trabajadores. Además, es probable que el tratado provoque un impacto nocivo sobre el medio ambiente, fomentando el traslado de la producción a aquellas regiones donde el cumplimiento de la normativa sea menos riguroso.

El acuerdo NAFTA “dará lugar a que se prohiba que los grupos democráticamente elegidos en diferentes niveles de la Administración impongan medidas que se consideren inconsistentes con las estipulaciones del acuerdo”, prosigue el informe del LAC, “incluyendo otras medidas sobre medio ambiente, los derechos de los trabajadores, la sanidad y la seguridad laboral, todas ellas abiertas a la posibilidad de ser impugnadas por considerarse como injustos impedimentos al libre comercio”. Estas medidas ya se contemplan en la estructura del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá.

Tanto bajo la NAFTA como bajo el GATT, existen infinitas opciones para socavar los esfuerzos populares destinados a proteger las condiciones de vida. En general, concluye el informe del LAC, “las empresas estadounidenses, así como los propietarios y directivos de las mismas, están en condiciones de obtener enormes beneficios. Sin embargo, Estados Unidos, en su conjunto, podría salir perjudicado, y algunos grupos en concreto corren peligro de sufrir considerables pérdidas”. El informe hace un llamamiento a la renegociación y ofrece para ello una serie de propuestas útiles. Todavía queda alguna posibilidad siempre y cuando la coalición de trabajadores, ecologistas y demás grupos populares que vienen reivindicando estos cambios obtuviera el suficiente apoyo de la población.

Un informe, fechado en octubre de 1992, de la Oficina de Asesoramiento Tecnológico del Congreso llegó a unas conclusiones parecidas. Un simple acuerdo NAFTA, tal y como se encuentra ahora. sobre la mesa, corroboraría “la mala gestión de la integración económica” y “situaría a Estados Unidos ante un futuro de baja productividad y reducidos salarios”. Alterándolo de forma radical, de modo que incorpore “medidas sociales tanto de carácter nacional como continental y acuerdos paralelos con México en todo lo relativo a asuntos medioambientales y laborales”, el acuerdo NAFTA podría resultar beneficioso para el país. Pero, para los amos, el país no es su principal motivo de preocupación, dado, que están participando en otro juego. Las reglas de dicho juego las descubrió un artículo de The New York Times titulado La paradoja de 1992: economía débil, grandes beneficios. Como entidad geográfica, “el país” podría entrar en declive, pero los intereses de los “principales artífices” de la política serán atendidos “de manera muy especial”.

Una consecuencia de la globalización de la economía es el auge de las nuevas instituciones gobernantes para impulsar los intereses del poder económico privado transnacional. Otra es la propagación del modelo social del Tercer Mundo, donde existen islotes de exagerados privilegios en medio de un mar de miseria y desesperación. Un paseo por cualquier ciudad estadounidense da un perfil humano a las estadísticas sobre calidad de vida, distribución de la riqueza, la pobreza, el empleo y demás elementos de La paradoja de 1992. La producción, cada vez más, puede verse desplazada a zonas donde existe una elevada represión y un bajo nivel de ingresos, mientras que su objetivo son los sectores privilegiados de la economía, mundial. Así, gran parte de la población se convierte en superflua para la producción e incluso también como mercado potencial, al contrario de lo que sucedía en los tiempos en que Henry Ford reconoció que no podría vender coches si sus empleados no ganaban unos sueldos que les permitieran comprarse ellos mismos un coche.

El cuadro se conforma con casos concretos. General Motors prevé el cierre de una veintena de fábricas en Estados Unidos y Canadá, pero al mismo tiempo se ha convertido en el mayor generador de empleo de México. También ha abierto una planta de montaje valorada en 690 millones de dólares en la Alemania Oriental, donde los empleados están dispuestos a “trabajar más horas que sus mimados compañeros de la República Federal”, por el 40% del salario de éstos y escasos incentivos, como alegremente explica el Financial Times. El capital es fácilmente transferible; las personas no pueden trasladarse, o se lo impiden aquellos que, de forma selectiva, elogian las doctrinas de Adam Smith, en las que se incluye “la libre circulación de la mano de obra”. El retorno de gran parte de Europa del Este a su tradicional papel de pueblo dedicado al servicio ofrece nuevas oportunidades para que las compañías reduzcan costes gracias al “creciente desempleo y al empobrecimiento de grandes sectores de la clase trabajadora industrial” en los países del Este, conforme avanzan las reformas capitalistas, según el Financial Times.
Estos mismos factores proporcionan a los amos nuevas armas contra el populacho en sus propios países. Europa debe luchar con firmeza contra Ios salarios y los impuestos excesivamente altos, las jornadas de trabajo reducidas, la inmovilidad laboral y los lujosos programas sociales”, advierte Business Week. Debe aprender la lección del Reino Unido, que, por fin, “está haciendo algo bien”, constata The Economist en tono de aprobación, con “unos sindicatos enfrentados a las trabas de la ley y subyugados”, “con un elevado índice de desempleo” y habiendo rechazado el capítulo social de Maastricht con el fin de proteger a los empresarios del “exceso de regulaciones y de la escasa flexibilidad de la mano de obra”. Los, trabajadores norteamericanos tendrán que aprender la misma lección.

En un valioso estudio sobre el acuerdo NAFTA de William McGaughey, de la Minnesota Fair Trade Coalition, éste cita a Harry Gray, presidente de United Technologies, al describir de una manera muy lúcida los objetivos básicos: “Un entorno empresarial, a escala mundial, libre de la interferencia del Gobierno”. Éste es el valor humano predominante al que todo lo demás ha de estar subordinado. Por supuesto, Gray no tiene nada en contra de aquella interferencia gubernamental que permite que exista su compañía, nacida del sistema del Pentágono. La retórica neoliberal ha de emplearse de manera selectiva como un arma contra los pobres; los ricos y los poderosos seguirán dependiendo del poder estatal.

Estos procesos continuarán, independientemente de la NAFTA. No obstante, como explica Kay Whitmote, presidente de Eastman Kodak, el tratado podría “bloquear la apertura de la economía mexicana de forma que no pueda volver a sus costumbres proteccionistas”. Debería permitir que México “consolidara sus notables reformas económicas”, comenta Michael Aho, director de Estudios Económicos del Consejo de Relaciones Exteriores, refiriéndose al milagro económico que para los ricos ha supuesto la devastación de la mayoría más necesitada. Posiblemente logre desviar el peligro apuntado en septiembre de 1990, que consideré “extraordinariamente positivas” las actuales relaciones con la dictadura mexicana, sin el problema de unas elecciones amañadas, de los escuadrones de la muerte, la tortura endémica, el trato escandaloso tanto a trabajadores como a campesinos, etcétera; aunque una nube ofuscara el horizonte: “La apertura democrática en México podría poner a prueba esta relación tan especial, si nombrara un Gobierno más interesado en desafiar a EE UU en el plano económico y nacionalista”. La amenaza real es una democracia que funcione.

Los acuerdos comerciales hacen caso omiso de los derechos de los trabajadores, de los consumidores y de las generaciones futuras, que carecen de voto cuando se trata de temas sobre medio ambiente. Ayudan a mantener al público en su sitio. Éstas no son las características necesarias en tales acuerdos, pero sí son las consecuencias lógicas del gran éxito conseguido en los últimos años, al haber vaciado en gran parte el contenido de la democracia para que el vil principio de los amos pueda lograrse sin interferencias inoportunas.

es catedrático del Massachusetts Institute of Technology, de Estados Unidos.

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