Grupos mexicanos piden pesquisa en crímenes de autoridades

Organizaciones de derechos humanos exhortaron a la Corte Penal Internacional investigar las supuestas atrocidades cometidas por el ejército mexicano en una ofensiva antidrogas en la región de Chihuahua.

Los grupos presentaron un informe el lunes a los fiscales de la CPI donde se documentan las supuestas torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas de 121 víctimas entre 2008 y 2010.

Vehículos e instalaciones militares fueron utilizados durante los crímenes y los casos “revelan la existencia de una clara política organizada por las autoridades contra la población civil”, dicen los organismos.

Buscan acción de la corte por la “falta de independencia e imparcialidad” de las autoridades judiciales mexicanas y la ausencia de “procedimientos nacionales auténticos”, agregaron.

Es la tercera ocasión en que los grupos buscan acción de la CPI. Antes de esto, habían presentado casos de Coahuila y Baja California.

En ningún caso, la corte ha abierto una investigación preliminar.

Aun así, los activistas ven progreso en algunas reformas judiciales en México desde que comenzaron a presentar su evidencia a la CPI hace varios años.

Antes de presentar la información, el tema de los crímenes internacionales cometidos en México no se estaba considerando, dice Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. “Así que ahora ya está sobre la mesa, en la agenda”.

Sin embargo, agregó que cuando se trata de investigar acusaciones de atrocidades perpetradas por las fuerzas armadas, México está en completa negación.

El ejército ha tenido un papel central en la guerra contra los cárteles de narcotráfico desde al menos finales de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón desplegó a soldados alrededor del país para luchar contra las pandillas organizadas. La ofensiva militar ha continuado bajo el mandato del actual presidente Enrique Peña Nieto.

Un estudio publicado el año pasado por la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos, concluyó que la gran mayoría de los abusos supuestamente cometidos por soldados en la guerra contra las drogas en México, se queda sin resolver y sin castigar a pesar de las reformas que permiten a las autoridades civiles investigar y procesar dichos crímenes.

El estudio halló que sólo hubo 16 condenas a soldados en el sistema judiciario civil de las 505 investigaciones criminales entre 2012 y 2016, una tasa de éxito procesal de 3,2%. Peor aún, sólo hubo dos condenas contra agentes cuyas órdenes llevaron a abusos, decía. Una fue de un agente involucrado en un caso de desaparición forzada en Chihuahua.

La CPI es una corte de última instancia que fue montada para procesar a los funcionarios más altos de crímenes serios cuando las autoridades locales no pueden o no toman los casos.

En México, casi 100% de los crímenes de las fuerzas armadas quedan impunes, según José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Con información de AP

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