Entidades DDHH argentinas advierten por expulsión de extranjeros tras protesta en Congreso

El Gobierno argentino incurre en una arbitrariedad al intentar expulsar del país a cuatro extranjeros que fueron detenidos durante las protestas contra la ley de presupuesto que se originaron en el Congreso, dijo una organización de defensa de los derechos humanos.

“Las detenciones que se produjeron en la movilización contra la votación del presupuesto 2019 fueron injustas y arbitrarias”, advirtió en un comunicado la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref).

Dos ciudadanos venezolanos, un paraguayo y un turco fueron detenidos en la víspera en el marco de las manifestaciones y la posterior represión que se produjo durante el debate del proyecto de presupuesto 2019 presentado por el Gobierno de Mauricio Macri.Aunque los venezolanos, por ejemplo, fueron detenidos a más de 2 kilómetros del Parlamento, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el Gobierno estaba “en contacto con el juez y el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlos (a todos los inmigrantes) lo antes posible”.

El funcionario aseguró que los cuatro extranjeros “delinquieron y formaron parte de esos hechos de violencia”, aunque no presentó ninguna prueba.

En la misma línea se pronunció el jefe en el Senado del bloque Peronismo Federal, Miguel Ángel Pichetto, diciendo que deseaba que a los cuatro detenidos los echen “a patadas” en una entrevista concedida a Radio Con Vos.

“Los discursos xenófobos de las últimas horas buscan reinstalar la falsa asociación entre migración y delincuencia”, sostuvo la CAREF.

La entidad de derechos humanos observó a su vez que “de manera acrítica los medios masivos multiplican estas peligrosísimas narrativas de odio”.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich reconoció que los cuatro extranjeros detenidos no tenían antecedentes penales, pero sostuvo que en base al decreto migratorio de Macri “no ingresan al país extranjeros con antecedentes penales, a diferencia de lo que sucedía en la anterior administración”.

“Este planteo sigue la lógica del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017 que criminaliza a la población migrante”, observó la Comisión.

DNU inconstitucional

En marzo de este año, la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la “validez constitucional” del DNU del presidente publicado en enero de 2017 que restringe las condiciones de permanencia e ingreso de extranjeros al país.

“Las organizaciones de la sociedad civil llevamos adelante un amparo colectivo pidiendo la inconstitucionalidad y nulidad de ese decreto”, recordó la Comisión al destacar que esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.En paralelo, el Centro de Estudios Legales y Sociales recordó que la Ley de Migraciones sancionada en el Congreso en diciembre de 2003 “prohíbe la expulsión inmediata” de extranjeros.

“Ni siquiera en el DNU, declarado inconstitucional, una detención es causal de expulsión” puesto que “no existe una decisión judicial firme que habilite el inicio de un trámite de expulsión”, puntualizaron.

El Gobierno dio media sanción en la madrugada del 25 de octubre al proyecto de presupuesto 2019, que establece un severo paquete de austeridad y que cuenta con la venia del Fondo Monetario Internacional, porque se reúne el directorio ejecutivo del organismo para analizar un nuevo acuerdo financiero que solicitó Argentina para intentar salir de la crisis económica.

Con información de Sputnik

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