“Presidente electo de México abre camino a la justicia en el caso Ayotzinapa”

El compromiso del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de crear una comisión investigadora cuatro años después de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa abre el camino a la justicia, dijo a Sputnik uno de los abogados de las familias, Humberto Guerrero.

“Esperamos se comiencen a materializar los acuerdos comprometidos por el presidente electo con los familiares de los desaparecidos, que abra el camino a la justicia y comience una nueva etapa en el caso”, dijo Guerrero, coordinador del programa de Derechos Humanos y Contra la Impunidad del centro de análisis Fundar, una de las cuatro organizaciones que representan a las familias ante organismos internacionales y judiciales.

Guerrero dijo que López Obrador prometió emitir un decreto presidencial el primer día de su mandato, el 1 de diciembre próximo para crear una comisión “que realice un trabajo sustancial abocado a la localización de los 43 muchachos”, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.”La esperanza es que se finquen responsabilidades de los actores materiales y a las autoridades de mayor rango involucradas, y se determine quiénes obstaculizaron la justicia”, dijo el experto que acudió a una esperada reunión de las familias de los desaparecidos con el presidente electo, en la conmemoración del cuarto aniversario de la tragedia.

El Gobierno saliente de Enrique Peña Nieto “se dedicó a defender la llamada verdad histórica, que con la propuesta del presidente electo queda sepultada como una mentira”, subrayó el abogado.

En esta nueva etapa, las familias y abogados de las víctimas esperan que se investiguen las hipótesis que dejó planteadas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI de la CIDH) y nuevos hallazgos de la fiscalía desde que fue emitida la llamada “verdad histórica” oficial, en enero de 2015.Entre esas líneas de investigación está clarificar la participación de militares de un batallón del ejército en el municipio de Iguala, de la Policía Federal, de policías de cinco municipios, y de los agentes judiciales y policíacos del estado de Guerrero (sur).

López Obrador también acordó convocar a la Organización de las Naciones Unidas, la CIDH y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a sumarse a la comisión investigadora, junto con representantes que acompañan a las familias.

“Es muy importante que el presidente electo haya aceptado el regreso de los expertos independientes de la CIDH”, cuya colaboración fue suspendida por Peña Nieto cuando estos reportaron hallazgos de torturas y otras evidencias que desarmaron la “verdad histórica”.

La hipótesis del narcotráfico

La reunión fue recibida con esperanza por padres y madres de los 43 desaparecidos, según el abogado.

Joaquina, madre de uno de los jóvenes de la escuela rural de Ayotzinapa, “abrió la sesión con un mensaje muy emotivo e ilustrativo del buen ánimo” general, cuando mostró una foto de ella con López Obrador durante la primera de sus tres campañas electorales, reseñó Guerrero.

“Esto no habría ocurrido si usted hubiera ganado en 2006”, le dijo la madre al próximo presidente, que recibió un abrazo emocionado.

Una de las pistas que los expertos internacionales señalaron para explicar la ferocidad de los ataques policiales contra los estudiantes es la conexión de las autoridades con el crimen organizado del narcotráfico.”Una de las hipótesis inconclusa es el trasiego de drogas en autobuses de Iguala a Chicago (noreste de EEUU), confirmado por las escuchas telefónicas de llamadas del grupo Guerreros Unidos”, indicó el jurista.

Esas evidencias configuran una red concertada a distintos niveles con autoridades mexicanas, mediante una comunicación entre delincuentes en Chicago e Iguala, ciudad localizada en el montañoso estado de Guerrero, donde se produce goma de opio que se trafica ilegalmente a EEUU.

La comisión no solo buscará la verdad, que es “una confusión desprendida del fraseo utilizado por el presidente electo”, explicó el asistente a la ceremonia.

“Deben conformarla fiscales que ya están integrados al caso, porque no solo es un ejercicio para saber la verdad de lo ocurrido, sino producir una investigación criminal que sancione a los culpables y esclarezca el paradero de los jóvenes”, precisó Guerrero.

El penalista apuntó que el acuerdo es extraordinario por la participación las familias de las víctimas y representantes de nacionales e internacionales, como contrapeso a los fiscales.Las pesquisas que dan por muertos a los jóvenes y sus cuerpos incinerados lanzados a un arroyo, “no fueron diligentes ni independientes, sino llenas de vicios y omisiones graves, carentes de capacidades expertas y sin contrapesos”, dijo el representante.

En la nueva etapa, los fiscales deberán someter su plan de investigación a las consideraciones de las víctimas y de los expertos acompañantes.

Además de Fundar, participarán el jesuita Centro Agustín Pro Juárez, Servicios y Asesoría para la Paz, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero, de donde eran originarios los jóvenes.

El abogado estima, que la despolitización completa del emblemático caso “puede ser el resultado de implementar el mecanismo, que quedará blindado ante las injerencia política con la participación de las familias, la ONU y la CIDH”, puntualizó.

Finalmente, desmintió que recientes dictámenes judiciales a favor de imputados, otorguen la libertad a quienes fueron torturados, como han publicado algunos medios”Las sentencias no los absuelven, sino que se dictaron con las reservas de ley porque no es cosa juzgada”, y van a continuar procesados, puntualizó.

La noche del 26 de septiembre de 2014, un centenar de normalistas que viajaban en cinco autobuses ocupados para acudir a un acto político en la Ciudad de México, fueron atacados a balazos por patrullas policiales en Iguala, 220 km al sur de la capital.

Los ataque continuaron la madrugada del 27 de septiembre, tras los cuales siete personas murieron, unas 25 resultaron heridas y 43 alumnos fueron detenidos y desaparecidos, tras ser entregados al grupo narcotraficante autodenominado Guerreros Unidos

Con información de Sputnik

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