La ONU pide el retiro “gradual y verificable” de militares mexicanos de las calles

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el retiro “gradual” y ” verificable” de los militares mexicanos de las tareas de seguridad pública en las calles, por la “inconstitucionalidad” declarada de la ley de seguridad que lo autorizaba.

“Tomando en consideración que la Suprema Corte dictaminó que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no debe ser permanente, el Estado debería adoptar un plan que garantice su retiro gradual, ordenado y verificable de las funciones que no les son propias”, dijo el funcionario Jan Jarab, representante en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Los ministros del máximo tribunal consideraron en forma categórica que el Congreso “no tiene la competencia para legislar en materia de seguridad interior”, y que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, recordó la oficina en México de la alta comisionada Bachelet en el comunicado.”Hasta que este retiro [de los militares] sea completo, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles”, plantea la postura oficial del organismo.

Asimismo, exige que ese retiro sea llevado a cabo, “en todo momento, con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes”, puntualizó el representante Jarab.

La Corte Suprema dictaminó que la Ley de Seguridad Interior emplea “indebidamente” los conceptos de seguridad nacional, pública e interior, entre otros.

Ley viola derecho internacional

La oficina del Alto Comisionado coincidió con la Corte Suprema en que “la ley infringía las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” y que no proveía certidumbre.

Además, observó en el comunicado, la ley se aprobó “sin llevar a cabo un proceso legislativo adecuado”, pues por ejemplo no fue consultada con los pueblos indígenas que son unos 12 millones de personas en este país.El Alto Comisionado también reconoció a los actores que se opusieron a la adopción de la ley, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambos entes autónomos del Estado, el mecanismo de procedimientos especiales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, las organizaciones de la sociedad civil mexicana.

Un día antes del dictamen, Jarab expresó a los ministros de la Corte Suprema su rechazo a esa ley que “lesiona los derechos humanos y fortalece el statu quo, que ha demostrado su ineficacia para proveer seguridad y tutelar los derechos fundamentales de la población”.

La ley fue declarada inconstitucional un día después de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, que será titular federal de Gobernación, presentaron un Plan de Seguridad y Paz que prevé continuar los despliegues militares contra el crimen mediante el impulso de un proyecto de reforma constitucional.López Obrador explicó que el país solo cuenta con la Policía Federal y la Policía Ministerial para combatir a la delincuencia, y con las descompuestas policías estatales y municipales.

Por otro lado, explicó otra opción: “buscar el apoyo, el respaldo de las fuerzas armadas”, para crear una Guardia Nacional militarizada.

“Eran dos opciones, al final de cuentas la política siempre es optar entre inconvenientes y tiene uno que tomar decisiones, decidimos apoyarnos en las fuerzas armadas” anunció López Obrador.

La propuesta ya fue rechazada por la misma red defensores de derechos humanos que luchó contra la ley impulsada por el presidente saliente Enrique Peña Nieto como una continuación de la militarización de la seguridad pública.

Con información de Sputnik

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