Chile no cede en libertad condicional a violadores de DDHH

El Tribunal Constitucional de Chile decidió el jueves mantener el endurecimiento de los requisitos a violadores de derechos humanos que pidan libertad condicional. Para obtenerla, deberán tener cumplidos dos tercios de su condena, colaborado en el esclarecimiento de su crimen y hacer una declaración condenatoria de su delito.

El dictamen representa una dura derrota al oficialismo conservador en el gobierno que acudió al tribunal para que declarara inconstitucional las medidas aprobadas recientemente en el Congreso por la oposición de centroizquierda, que estableció medidas adicionales para los criminales de lesa humanidad que opten a una salida condicional de la cárcel.

El fallo es inapelable y sus fundamentos los dará a conocer a más tardar el 2 de enero, dijo una funcionaria que leyó un corto comunicado en la sede del tribunal.

De los tres cambios introducidos por la oposición en la Ley de 1925, dos fueron declarados constitucionales y el tercero, relacionado con el arrepentimiento público, aunque fue declarado inconstitucional, se acomodó la redacción y ahora el criminal de lesa humanidad sólo deberá condenar el hecho y el daño causado, aunque no en forma pública.

El oficialismo alegó ante el tribunal que no se podían establecer requisitos distintos a los presos comunes y a los violadores a los derechos humanos porque, dicen, se viola el principio de igualdad ante la ley, aunque se acogió su postura de que exigirles una declaración pública de arrepentimiento atentaba contra la libertad de conciencia.

Activistas de derechos humanos estiman que serán muy pocos, no más de una decena, los criminales que estarían en condiciones de cumplir las nuevas exigencias, por tanto, la mayoría de los cerca de 170 violadores a los derechos humanos deberán seguir encarcelados.

A diferencia de los presos comunes que viven en cárceles hacinadas, alrededor de un centenar de criminales de lesa humanidad están confinados en el penal de Punta Peuco y poco más de 70 están en una sección especial y diferenciada de Colina un presidio de delincuentes comunes.

Informes de jueces precisan que los violadores de derechos humanos cuentan con camas individuales, varios baños, cocinas, comedores y mobiliario en buen estado, además de dietas específicas para los enfermos. Cuando enferman disponen de ambulancias que los trasladan al nuevo y bien dotado hospital militar.

No pocos jueces han declarado que los exagentes represivos mantienen un virtual pacto de silencio al no revelar a otros participantes en los crímenes por los que fueron o están siendo juzgados ni dieron pistas para ubicar a cerca de un millar de opositores que engrosan las listas de detenidos desaparecidos.

Los tribunales judiciales otorgan estas libertades a los criminales de lesa humanidad desde 2015 y entre julio y agosto de este año la Corte Suprema dio el beneficio a siete violadores de derechos humanos, sin exigirles requisitos como el arrepentimiento y el cumplimiento de la mayoría de la condena, como establecen tratados de derecho internacional, porque Chile no adecuó sus leyes internas a los pactos foráneos.

La oposición buscó remover a los jueces supremos, aunque no reunió los votos necesarios.

Informes oficiales indican que la dictadura de Augusto Pinochet dejó 40.018 víctimas, de ellas 3.065 son opositores asesinados.

Actualmente hay unas 1.300 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos y unos 400 inculpados enfrentan procesos, según el abogado Maximiliano Murath, que defendió en el tribunal a los criminales de lesa humanidad.

Con información de AP

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