Colombia: corte de paz sopesa verdad, justicia, desconfianza

Armando Acuña acudió al nuevo tribunal de paz de Colombia a contar la historia de su secuestro con las cadenas que los rebeldes utilizaron en su cautiverio de casi dos años.

La excongresista Clara Rojas llevó sus memorias, una historia de supervivencia y parto en la jungla que, según admitió a los jueces, había dudado en volver a contar por miedo a reabrir viejas heridas.

Olga Esperanza Rojas hizo un llamado agonizante para encontrar a su esposo, un soldado que desapareció cuando se dirigía a su puesto en un cuartel hace más de dos décadas.

″¡Jose!”, dijo llorando en una vista reciente. ”¿Dónde estás, Jose?”

Una por una, muchas de las víctimas del conflicto armado más largo de Latinoamérica brindan testimonios brutales ante el nuevo Tribunal para la Paz, que es uno de los puntos más polémicos del acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La corte abrió media docena de casos contra cientos de guerrilleros izquierdistas y militares en su primer año de trabajo, y su presidenta, Patricia Linares, dijo que los primeros veredictos deberían pronunciarse este año.

El éxito del tribunal podría depender de si sobrevive a los intentos de los contrarios al proceso de paz para revocar los términos del acuerdo original y de su capacidad para emitir decisiones rápidas que resuenen entre la población de Colombia, donde el acuerdo con las FARC sigue siendo divisivo, la impunidad es la norma y la violencia en las zonas rurales, a manos de otros grupos armados, vuelve a estar en alza.

Tal vez la cuestión de fondo es si alguna corte podría ofrecer una semblanza de justicia tras un conflicto de medio siglo cuyo alcance total podría ser imposible de explicar.

“Siento rabia con el guerrillero, pero siento rabia con el mismo Estado por lo que sucedió”, señaló en su declaración Acuña, un exconcejal de una pequeña localidad de una zona del sur de Colombia controlada por los rebeldes. “Dejaron unas secuelas graves. ¿Eso lo repara la plata?”

Las más de 300 páginas del acuerdo de paz contemplan un sistema de tres vías para documentar el conflicto e imponer sanciones en su mayoría simbólicas para compensar a las víctimas.

Una comisión de la verdad independiente explorará los motivos que provocaron el conflicto, qué atrocidades se cometieron y cómo pueden evitarse futuros derramamientos de sangre. Una unidad para los desaparecidos recopilará información sobre las cerca de 83.000 personas que siguen en paradero desconocido. Y el Tribunal Especial para la Paz investigará, juzgará y sentenciará los delitos de guerra más graves como secuestros, masacres civiles y reclutamiento forzoso de menores.

Es probable que los acusados que confiesen completamente sus delitos puedan salir impunes más allá de tener que disculparse y reparar a las víctimas _ una sentencia alternativa habitual en procesos de paz, pero no por ello menos difícil de asimilar para muchos colombianos que desprecian profundamente a los rebeldes. Quienes rechacen los hallazgos en su contra podrían ser sentenciados a hasta 20 años de prisión.

En una entrevista con The Associated Press, Linares dijo que centrarse menos en sanciones punitivas y más en encontrar la verdad es la mejor solución para un país donde el sistema judicial penal existente ha fracasado a la hora de emitir condenas hacia la inmensa mayoría de los delitos de guerra.

“La justicia ordinaria no mostró resultados. El propósito mayor de estos procesos es avanzar a la verdad plena. A saber qué pasó. Porqué pasó”, señaló-

Este es un enfoque en el que Olga Esperanza Rojas está dispuesta a confiar tras pasar casi toda su vida adulta buscando respuestas a la desaparición de su marido.

Por lo poco que ha sacado de testigos y rebeldes, sabe que su esposo, un soldado de 23 años y padre de dos hijos, fue detenido por guerrilleros cuando se dirigía a su trabajo. Pero a partir de ahí se pierde la pista. Durante años, Rojas compartió su historia en diarios y televisoras y llamó a las puertas de agencias públicas sin obtener respuesta.

Ahora, como responsable de una organización por los derechos de las víctimas, espera que los rebeldes cuenten toda la verdad, sea la que sea.

“Ellos firmaron un compromiso. Creo que como hombres, así como enfrentaron las manos para empuñar y matar, también pueden enfrentar la verdad”, apuntó.

Los críticos son menos optimistas acerca de que la guerrilla admita las atrocidades cometidas durante la guerra entre los rebeldes izquierdistas, el estado y los grupos paramilitares de derechas, y alegan que los procesos judiciales están armados para ocultar el recuento público total de sus delitos. Al contrario que en un juicio al uso, los exlíderes guerrilleros serán interrogados a puerta cerrada y su testimonio se revelará solo si coincide con los hallazgos de fiscales, víctimas e investigadores.

En un reciente programa de radio, un antiguo guerrillero negó que el grupo reclutase miembros por la fuerza, aumentando las dudas sobre su compromiso con la honestidad.

“Si esta es la verdad que pretenden contarle a la JEP, deberán terminar cumpliendo largas penas de cárcel”, escribió Jose Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América, en Twitter, refiriéndose al acrónimo en español del tribunal de paz.

El partido del expresidente Álvaro Uribe, el principal crítico del pacto con las FARC, prometió impulsar reformas como la creación de otra sala para juzgar a militares, una medida que según los observadores podría generar más desconfianza entre los rebeldes al temer que la corte pueda ser más indulgente con las autoridades que con ellos.

“Si siguen adelante, esto podría ser un problema real”, apuntó David Cortright, director del Kroc Institute for International Peace Studies de la Universidad de Notre Dame, encargado de monitorear la implementación del acuerdo.

En su campaña electoral, el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, se comprometió a revertir algunas partes del pacto, y Cortright dijo que detectó “no un retroceso pero sí una especie de ralentización” en algunos aspectos de su aplicación. El gobierno de Duque advirtió que no hay fondos suficientes para cumplir totalmente con lo acordado.

Acuña era concejal en la ciudad de Garzón, en el sur de Colombia, cuando guerrilleros vestidos con uniformes militares irrumpieron en el edificio gubernamental donde trabajaba y los secuestraron hace casi una década.

Con la voz por veces temblorosa y una mueca de dolor en el rostro, recordó que estuvo encadenado como un perro, alimentado mayoritariamente a base de arroz y pasta y que apenas le hablaban.

Durante su testimonio, tomó la simple cadena, no más larga que un candado para bicicletas, que usaron en su cautiverio y mostró a los magistrados como la llevaba alrededor del cuello.

“Cuando les colocan las cadenas a uno… duele el alma”, manifestó.

Pero pese a la ira que guarda hacia sus captores, Acuña culpa también al estado por hacer poco o nada para ayudar a su familia tras su desaparición y por no investigar el caso en los años posteriores.

La declaración fue la primera vez que pudo compartir gran parte de su historia, reconoció.

“Lo voy a considerar un símbolo y cerrar la página”, dijo sobre las cadenas.

Con información de AFP

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