Corte Suprema pide al gobierno de EEUU opinión sobre estatización de argentina YPF

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes pedir la opinión del gobierno estadounidense en el caso que enfrenta al fondo especulativo Burford Capital y al Estado argentino, que expropió un paquete de acciones de la petrolera estatal YPF en 2012.

“Se invita al procurador general a presentar sus escritos en estos casos expresando la opinión de Estados Unidos”, indicó en un comunicado la Corte Suprema, que debía expresarse sobre la demanda que presentó Burford Capital por la expropiación de las acciones de la petrolera YPF en 2012 por parte del gobierno de Cristina Kirchner.

La Corte debe decidir si el pleito se dirime en Estados Unidos como aspiran los demandantes o en tribunales argentinos como sostiene Buenos Aires.

Un tribunal distrital de Nueva York ya había fallado en contra de Argentina y en la apelación el caso llegó a la Corte Suprema.

El máximo tribunal estadounidense tenía tres posibilidades aceptar la apelación, rechazarla o pedir la opinión de un tercero, que en este caso es el representante del gobierno.

Los querellantes piden a los tribunales que determinen el pago de “compensación por daños de acuerdo con la evidencia” y cualquier otra reparación “que la corte considere justa y apropiada”, aunque no se mencionan valores, pero éstos pueden ascender a varios miles de millones de dólares.

– Un tema de jurisdicción –

El caso se remonta a 2008, cuando el grupo argentino Eskenazi constituyó dos empresas en España, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, para comprar un importante paquete accionario en YPF, que en ese momento estaba en manos del grupo español Repsol.

Cuando en 2012 el gobierno argentino de Cristina Kirchner (2007-2015) expropió el 51% de las acciones de YPF, las dos empresas se vieron imposibilitadas de honrar sus compromisos y pagar sus deudas, y un grupo de acreedores se quedó con sus acciones.

Las dos empresas se acogieron a un concurso de acreedores en España, y posteriormente una subsidiaria del grupo Burford, Prospect Investments, obtuvo los derechos para iniciar el litigio legal.

El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos. Argentina, en cambio, dice que fue una decisión soberana y que la estatización fue llevada a cabo en nombre del interés general.

El caso es complejo ya que mezcla elementos del derecho comercial al referirse a las acciones de una empresa, con un tema de soberanía, dada la naturaleza del acto de expropiación.

Con la decisión de este lunes el panorama queda abierto abierto con respecto a si el juicio va a seguir en Estados Unidos o puede haber un cambio de jurisdicción y pasar a Argentina.

El eje de la argumentación de Argentina en el caso es pedir que la demanda sea desestimada por falta de jurisdicción sobre la material acogiéndose a la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera.

YPF, la mayor empresa del país, fue privatizada en la década de 1990 pero volvió a ser controlada por el Estado en abril de 2012, cuando Kirchner, anunció la nacionalización del 51% de las acciones que estaban en manos del grupo español Repsol, lo que provocó una controversia.

Con información de AFP

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