El veneno y los envenenados en Argentina: glifosato, soja, enfermedades y política

En Estados Unidos, donde se creó el glifosato en 1974, hay decenas de miles de denuncias por su toxicidad. Austria prohibió su uso, mientras Francia y Alemania analizan erradicarlo para 2023. Pero en Argentina es considerado “inocuo” y hay quienes impulsan su uso aun cerca de escuelas.

Rociado desde el aire, filtrado en los cursos de agua y napas subterráneas, ingerido por boca en los alimentos. Al veneno solo son inmunes las plantas que crecen de semillas transgénicas, diseñadas para resistir a estos químicos que matan toda otra hierba y que, de tan baratos, están en todos lados. Sus creadores niegan los efectos en humanos y ponen la culpa en el mal uso del herbicida más usado en el mundo.

Son numerosos los casos de niños y adultos de las áreas de siembra intensa del país –como las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa– que desarrollan enfermedades mortales, malformaciones y abortos espontáneos luego de años de exposición al glifosato, que se usa indiscriminadamente en la ausencia de leyes regulatorias y del que depende tanto la cosecha a escala masiva como la calidad del producto de exportación por excelencia de Argentina.

Los referentes y organizaciones de la sociedad civil culpan al silencio y la complicidad de las autoridades nacionales y municipales de todas las banderas políticas, que miran para otro lado ante el negocio multimillonario de productores agrícolas y laboratorios, cuyos antiguos gerentes y jerarcas incluso ocupan los cargos públicos que deberían monitorearlos.

Las denuncias en Argentina de los pueblos rurales contaminados por el glifosato y otros agroquímicos no son nuevas, acumulan años de reclamos y de desinterés estatal. La semana pasada, el apoyo de algunas figuras más poderosas del mundo del entretenimiento, como el conductor de TV Marcelo Tinelli, volvieron a colocar bajo escrutinio público el debate sobre la peligrosidad de estos productos y los efectos en la salud y la vida de la población.

​Más negocio, más cultivos, más herbicidas, más contaminación

Desde fines de la década de 1990, en los grandes campos de la llamada ‘pampa húmeda’, en el área céntrica y oriental de la Argentina, comenzaron a proliferar los feed-lots para ganado y a potenciarse las tierras para el cultivo. 

Con la primacía de la soja transgénica, a partir del aumento de su valor internacional, el país se convirtió en las últimas dos décadas en uno de los principales productores de este grano y sus derivados. Hoy ocupa el tercer lugar detrás de EEUU y Brasil

El uso casi ubicuo de la soja modificada genéticamente –desarrollada por el laboratorio Monsanto, propiedad desde mediados de 2018 de la gigante Bayer AG– viene de la mano de la utilización de su herbicida Roundup, que contiene glifosato. Desde el año 2000, cuando venció la patente, también otras marcas venden productos similares.

En los últimos 24 años, el empleo de agroquímicos pasó de 30 millones a 400 millones de litros, aunque este dato sería acorde al promedio de superficie producida. Japón y gran parte de los países de Europa son los principales consumidores en la relación kilogramo por hectárea. Según un estudio realizado en 2014 por el Ministerio de Salud argentino, el comercio de productos fitosanitarios aumentó 48,7% entre 2002 y 2008.

Política y ciencia, la extensión de la polémica

En marzo de 2015, el herbicida fue clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (IARC), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “probablemente cancerígeno para humanos”.

Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no comparten esta postura. Monsanto asegura que, si el producto es utilizado siguiendo las recomendaciones de la etiqueta, “su uso no presenta riesgos para la salud humana, animal ni para el medio ambiente” ya que “el glifosato residual se descompone en sustancias como el dióxido de carbono y el fosfato”.

En julio de 2016, una investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmó que el Río Paraná,  que desemboca en el Río de la Plata y es la segunda cuenca más importante de Sudamérica, está gravemente contaminado con glifosato y los componentes de su degradación.

Diferentes estudios científicos independientes internacionales han relacionado las consecuencias de la exposición al glifosato con la producción de malformaciones genéticas y problemas en la captación de nutrientes en el organismo de mamíferos. 

En enero de 2019, la revista ScienceDirect publicó una investigación que relacionaba la exposición al glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no hodgkiniano. 

¿Resistencia o condescendencia?

En 2012, se realiza una demanda colectiva o “acción de clase” caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros”. En 2014, la causa se divide en dos ya que la Justicia rechaza el pedido de una cautelar para evitar que se sigan usando los agroquímicos. Desde 2017, la cautelar está en manos de la Corte Suprema de Justicia. La demanda colectiva está en curso en la Cámara de Apelaciones y no hay fecha de juicio.

En 2016, luego de cuatro años de lucha de los vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, contra la instalación de una planta de procesamiento de granos de Monsanto, la multinacional decidió vender el terreno y continuar sus operaciones desde sus locaciones en Rojas, provincia de Buenos Aires.

Gracias a una ordenanza que eliminó las zonas de exclusión, firmada el 17 de diciembre de 2018 por el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, los productores agrícolas no tienen impedimentos para aplicar productos agrotóxicos, ni siquiera en las escuelas bonaerenses. Sarquis fue gerente de Monsanto para Argentina, Uruguay y Paraguay entre 2005 y 2007.

En octubre de 2019, la Justicia de la provincia de Entre Ríos ratificó la protección a las escuelas rurales y prohibió fumigar a menos de 1.000 metros cuando la aplicación sea terrestre y a menos de 3.000 metros cuando sea aérea. La sanción dejó sin efecto un decreto del gobernador peronista Gustavo Bordet que reducía a 100 metros el perímetro de exclusión.

Ese mismo mes, la provincia patagónica de Chubut se convirtió en el primer distrito argentino en prohibir oficialmente la fabricación, comercialización y uso del glifosato en todo su territorio. La ley fue aprobada por la legislatura local por unanimidad y el cuestionado gobernador peronista Mariano Arcioni, quien había asegurado que la vetaría, finalmente se abstuvo.

Con información de Sputnik

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