Medios críticos al gobierno de Daniel Ortega en agonía

Vacía, desolada. Así luce el área de casi 300 metros cuadrados donde durante 93 años se apilaron enormes bobinas frente a una rotativa azul a punto de apagarse. Tras 12 meses de bloqueo oficial a las importaciones de papel y tinta, el diario nicaragüense La Prensa aguarda como un enfermo terminal su casi inminente desaparición.

“Tenemos papel hasta diciembre, no más”, dijo en una entrevista con The Associated Press Eduardo Enríquez, jefe de redacción del periódico más antiguo de Nicaragua, que desde 1926 desafió dictaduras, cierres forzados y sobrevivió guerras, censura y revoluciones.

La Prensa fue un diario crítico del dictador Anastasio Somoza (1967-1979) y también de los sandinistas que gobernaron en la década de 1980 y retomaron el poder en 2007. Hace un año, en el marco de una revuelta cívica que puso en jaque a su gobierno, el presidente Daniel Ortega ordenó a la Aduana no entregarle al diario los insumos, lo que sus dueños calificaron como “una censura de facto”.

Enríquez señaló que hay 92 toneladas de papel retenidas por las que además han tenido que pagarle a la Aduana más de 10.000 dólares por su almacenaje.

Debido al bloqueo y al impacto económico de la crisis que aqueja al país, el diario se redujo de 36 a ocho páginas y despidió a 210 de sus 400 empleados. De los 100 periodistas, editores y fotógrafos que tenía sólo quedan 30.

“Tenemos 190 trabajadores. En el momento que cerremos se van a la calle los empleados de rotativa, empaque y ventas. Con suerte nos quedaremos unos 100”, dijo Enríquez, que lleva 21 años en el puesto.

Agregó que la familia Chamorro, cuyos antepasados fundaron el periódico, “está luchando para evitar el cierre” y si no lo logran tienen listo “un plan para sobrevivir digitalmente lo más que se pueda”, aunque la edición online apenas tiene 5.000 suscriptores.

Mientras, siguen imprimiendo periódicos con papel de la imprenta asociada a la empresa, que también se agotará.

Recientemente La Prensa anunció el cierre de El Azote, un suplemento de sátira política que se publicó por 25 años y cuyo director está exiliado.

“Esta es la peor crisis que hemos tenido en tiempos de paz”, admitió Enríquez. “Ahora sin guerra, pero bajo el mismo signo y el mismo régimen”.

En su última asamblea general, celebrada a principios de mes en Florida, estados Unidos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), resolvió “condenar al gobierno de Daniel Ortega y a la primera dama y vicepresidente Rosario Murillo por la asfixia económica y continuos ataques a la integridad de periodistas y medios de comunicación… Exigir al gobierno el desbloqueo de los insumos retenidos al diario La Prensa y a cualquier otro medio de comunicación”, al tiempo que exhortó al gobierno a que permita el desarrollo de una prensa plural y deje de controlar la información oficial.

La Prensa fue cerrada durante 18 meses en 1986 por el primer gobierno de Ortega, que acusaba al diario de “desestabilizar” a la revolución sandinista como parte de un “plan imperialista” de Estados Unidos. Volvió a publicarse en 1987 tras la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra en Centroamérica.

Ortega impuso el mismo embargo aduanero en 2018 a El Nuevo Diario, el segundo medio impreso en importancia y que cerró el mes pasado tras reducir personal, páginas y circulación.

La Prensa y El Nuevo Diario habían denunciado la actuación de policías y paramilitares que sofocaron con las armas las protestas contra el gobierno que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron 328 muertos, más de 2.000 heridos y 700 detenidos.

En septiembre, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) remarcó la difícil situación de la prensa en Nicaragua.

“Los funcionarios están tratando abiertamente de estrangular a los principales periódicos como La Prensa y El Nuevo Diario incautando sus materiales impresos sin causa”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de América Central y del Sur del CPJ en Nueva York. “La autoridad de Aduanas de Nicaragua debe liberar los suministros que retienen como rehenes y permitir que los periódicos continúen su papel vital de informar al público”.

“Viven una situación muy difícil, se tienen que rebuscar la comida, la renta y aun así continúan informando en sus plataformas”, dijo a AP Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal 100% Noticias quien, junto al director de la televisora, Miguel Mora, pasaron seis meses en prisión acusados de instigar al odio.

Unos 70 periodistas independientes tuvieron que huir por amenazas, ataques y allanamiento de sus medios engrosando la lista de exiliados que según la CIDH supera los 70.000 nicaragüenses.

Ambos fueron arrestados el 21 de diciembre de 2018 cuando el canal fue clausurado. El edificio permanece ocupado por la policía y Pineda asegura que el gobierno saqueó todos sus equipos.

“Ortega nos robó y nos mandó a prisión, violando el derecho a la libertad de expresión y de información”, afirmó Pineda, quien también tiene nacionalidad costarricense y se trasladó a ese país para reactivar la plataforma y el noticiero digital de 100% Noticias.

El gobierno niega las acusaciones. “Para el Estado de Nicaragua la libertad de expresión es un bien de la sociedad y de la humanidad, (pero) nadie es libre para instigar al asesinato, la calumnia y la mentira”, señaló un informe del gobierno enviado a la CIDH justificando la ocupación del canal.

Desde 2007 Ortega comenzó a adquirir radios y televisoras. Varias están a nombre de terceros o de socios y algunas son manejadas por sus hijos. Sólo quedan dos canales de televisión y unas pocas emisoras fuera del control gubernamental.

La periodista Patricia Orozco, cuyo programa Onda Local fue levantado de una radio oficialista donde se transmitía, afirmó que los reporteros independientes trabajan “bajo altísimo riesgo”.

“Esto no lo habíamos vivido jamás. Nos persiguen, nos encarcelan y nos obligan al exilio porque el derecho a informar es visto como un delito”, dijo Orozco a AP. En la década de 1970 Orozco apoyó a los sandinistas y ejerció el “periodismo de catacumbas”, que consistía en divulgar noticias en parques e iglesias para burlar al régimen de Somoza.

Pero hoy la policía vigila calles e iglesias y hace más de un año prohibió las manifestaciones de la oposición, que ahora maneja su propaganda a través de internet.

Para el experto en comunicación Guillermo Rothschuh, con las protestas de 2018 las redes sociales “se dispararon de forma exponencial y entraron de lleno a la palestra política”.

“No fue accidental que los jóvenes que participaron en las primeras protestas se hayan auto convocado en las redes sociales. Se dio una simbiosis entre los medios independientes y las redes, que amplificaron su acción con el aporte de la gente y sus teléfonos móviles. Y el gobierno perdió esa batalla”, afirmó a la AP.

Sobre la desaparición de El Nuevo Diario y el inminente cierre de La Prensa, Rothschuh estimó que constituyen “una pérdida para el país y un baldón para el gobierno, porque quedará escrito en la historia que fue su decisión hacerlos desaparecer”.

Con información de AP

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